Como venimos viendo en los últimos meses, los estudiantes secundarios, universitarios, profesores y trabajadores chilenos han hecho casi de todo por su reclamo: “Un proyecto educativo, gratuito, de calidad y al servicio del pueblo”.
Se han manifestado en las calles de Santiago de Chile una y otra vez. Marchas, besos, música, danza, huelgas de hambre, cacerolazos, tomas de secundarios y universidades, paros nacionales, represión brutal de carabineros, detenidos y hasta un muerto tiene ya esta lucha que si bien tiene un estallido en este año 2011, viene siendo pensada desde mucho antes.
En el año 1981 el dictador Augusto Pinochet reformó el sistema educativo eliminando la educación terciaria gratuita, a partir de entonces el 25% del sistema educativo esta financiado por el estado, el restante 75% depende de los aportes de los estudiantes. La gratuidad educativa solo está garantizada en el nivel básico, a partir del secundario las escuelas pueden cobrar cuota. Los alumnos que no tengan el dinero para pagar sus estudios deben pedir créditos ya sean estatales o bancarios y obtener deudas que les lleva años poder pagar.
Si bien el presidente Sebastián Piñera, en la campaña que lo llevó a la Presidencia, se había manifestado en contra del actual sistema educativo e hizo un llamado a los jóvenes pidiendo que luchen por sus derechos, parece haber cambiado rotundamente de idea ya que no existe la decisión política para terminar con la educación de mercado donde acceden a calidad aquellos que puedan pagarla.
Terminar con este sistema para el pueblo chileno no solo es consolidar un derecho ya obtenido. Es terminar también con una ley que un dictador puso en marcha para poder controlar más y mejor al conjunto de la sociedad. Un pueblo sin educación es un pueblo que tiene pocas posibilidades de elegir, evolucionar y ser libre.
En Buenos Aires los docentes porteños se encuentran actualmente en lucha frente a los funcionarios del gobierno de la Ciudad, ya que estos quieren eliminar las juntas de clasificación. Con 7 votos a favor, el PRO impuso su proyecto en el plenario de las comisiones de Educación y de Legislación del Trabajo. De esta manera se dio dictamen al proyecto que prevé reemplazar a las 15 juntas de clasificación docente por una oficina a cargo del Ejecutivo porteño y la anulación de 33 artículos del estatuto docente. Este proyecto no solo ataca a la forma de designación de los docentes y sus representares si no que es un ataque directo a la educación publica.
Cabe destacar que estas juntas funcionan desde el retorno de la democracia y permiten que los docentes más y mejor capacitados accedan a cargos o ascensos.
Desde ambos lados de la cordillera luchamos, porque la única batalla que se pierde es la que se abandona, y aún hay vida en nuestros sueños…
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